Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
© PER GEOMETRIAM VERITAS

Delegación Territorial Comunidad Valenciana y Murcia defendiendo los intereses de sus colegiados

ImagenNoticia
El pasado viernes 24 de febrero, tuvo lugar en la Diputación de Valencia una reunión con el Presidente de la Diputación D. Jorge Rodríguez y la Diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García en relación con el conflicto con Inspección de Trabajo de la SS a los técnicos que han desempeñado su labor profesional en Ayuntamientos mediante el Convenio con la Diputación de Valencia.
  
A dicha reunión asistió en representación de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, su Gerente Territorial, Juan Pablo Navarro Batet y se informaron de las últimas novedades sobre el asunto en cuestión.
 
El presidente de la Corporación provincial y la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García expusieron la actualidad del conflicto con Inspección de Trabajo, que mantiene abiertos 187 procesos que acabaran en sentencia y que marcarán la futura concepción de un servicio que, según la diputada, “se ha venido desarrollando durante 31 años bajo esta fórmula de contratación de técnicos autónomos sin ningún tipo de problema”.

En ese tiempo, sólo hubo dos denuncias de Inspección de Trabajo, a los ayuntamientos de Caudete y Fuenterrobles, que se resolvieron de forma favorable a los ayuntamientos con sendas sentencias del TSJCV de 2009 y 2010, lo que “provocó que se siguiera empleando de buena fe esta fórmula del régimen de autónomos que prestan sus servicios en varios ayuntamientos un par de horas a la semana”. 
 
Sin embargo, esta asistencia técnica que en 2016 solicitaron 173 ayuntamientos, 9 mancomunidades y un consorcio, y que conlleva la prestación de servicios de 493 técnicos en estos municipios, gracias a los convenios entre la Diputación y los colegios profesionales, se ha convertido de la noche a la mañana en un problema. “Somos la primera Diputación que en 32 años se encuentra con este problema”, asegura Jorge Rodríguez, que pese a la curiosidad del tema apuesta por “seguir prestando el servicio y buscar un modelo alternativo si los tribunales consideran que debemos hacerlo”.

Cada ayuntamiento tiene acceso a solicitar los servicios de un máximo de tres técnicos especialistas, con los que se formalizan contratos de naturaleza administrativa que son costeados entre el propio colegio, los ayuntamientos y la Diputación, que transfiere su parte a los consistorios para que estos hagan efectivo el pago. Cada técnico viene a percibir por esta tarea en distintos ayuntamientos entre 4.000 y 6.000 euros más IVA anualmente.
 
En este sentido, la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, ha explicado que “a la Diputación le da igual que estos técnicos sean contratados como autónomos o a través del Régimen General, como nos pide la Inspección de Trabajo, porque las subvenciones que da esta institución seguirán siendo las mismas”. Pero la diputada advierte que el cambio de modelo afectaría a los técnicos colegiados, porque “si son dados de alta en el Régimen General no podrían prestar sus servicios a más de un ayuntamiento, aunque fuera una hora a la semana”.

Por el momento, las cerca de 180 denuncias presentadas por Inspección de Trabajo se han traducido en tres sentencias de distintos juzgados, dos de las cuales han dado la razón a los ayuntamientos de Alborache y Yátova, considerando que los técnicos que prestan allí sus servicios son autónomos, y una tercera que considera que el abogado que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Potries mantiene una relación laboral con el Consistorio, que debería por tanto darlo de alta en el Régimen General.

Desde la Diputación no se acaba de entender este proceso que “va contra los ayuntamientos, que necesitan este tipo de asistencia no tanto para ellos como ente sino para resolver problemas que tienen sus ciudadanos y que por sí solos no pueden cubrir económicamente los ayuntamientos”. No obstante, y en espera de nuevas sentencias que pueden seguir resultando “contradictorias”, la Corporación ha ofrecido asistencia jurídica a estos consistorios y ayudará a aquellos con sentencias desfavorables que les puedan acarrear un perjuicio económico.  
 
La Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería geomática y Topográfica va seguir este proceso junto a los colegiados afectados y ya ha tenido reuniones con los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia y ha puesto a su servicio de asesoría jurídica territorial a trabajar de cara a garantizar la seguridad de sus colegiados en este conflicto en el que están afectados, Seguridad Social, Ayuntamientos, Diputación de Valencia y Técnicos.
 
Depende de como se resuelva este conflicto, el convenio con la Diputación de Valencia podría cambiar su forma de cara a próximas renovaciones. 
 
  • IMG_0865.jpg
  • Reunio´n colegios profesionales foto_Abulaila (3).jpg
  • IMG_0862.jpg
  • Reunio´n colegios profesionales foto_Abulaila (1).jpg
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información
Acepto   Mas información..