Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
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Comunicado de la Junta de Gobierno respecto del anteproyecto de ley servicios y colegios profesionales

Estimados compañeros:
 
Como ya sabéis la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conocida por todos como "Ley Omnibus", en su disposición transitoria cuarta establecía que:

"En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.
Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas. 
Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes."
 
A partir de ese momento la Junta de Gobierno ha venido participando activamente tanto con el INITE como con Unión Profesional, principales instituciones representativas de los Colegios profesionales, a fin de conseguir de nuestra Administración la presentación al Congreso de los Diputados de un texto que reconociera la realidad de los colegios profesionales amparados en el artículo 36 de nuestra Constitución, garantizando el derecho de los consumidores y usuarios a recibir de éstos un servicio de calidad y las facultades de autoorganización de los Colegios, que forman parte de la misma naturaleza y esencia de éstos. Todas las gestiones y actuaciones llevadas a cabo por esta Junta de Gobierno, fundamentalmente ante La Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento y Consejo de estado, presentado alegaciones a los diversos Anteproyectos de Ley que han venido circulando se han venido centrando en conseguir fundamentalmente los siguientes objetivos:
 
1º.- El reconocimiento de la necesidad del mantenimiento de la colegiación obligatoria de nuestra profesión, por afectar de manera especial al interés público en materias tales como la protección de la integridad de las personas, la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, del medio ambiente o la seguridad del tráfico inmobiliario.
 
2º.- La defensa del concepto unitario de la profesión frente a la pretendida disgregación de la misma. Desde este Colegio se sostiene que la colegiación como requisito para ejercer ha de exigirse cuando se está en presencia de un acto profesional típico de la profesión que conlleva o implica en alguna medida efectos directos o indirectos para los ciudadanos-clientes y por tanto, entraña un interés general digno de protección y subsumibles en el sentido del artículo 36 de la Constitución Española. En su consecuencia al utilizarse el parámetro de actividad profesional ejercida por cuenta propia o en régimen de dependencia laboral para entidades privadas o empresas, lleva a dejar fuera del requisito de colegiación a muchas actividades profesionales realizadas en el ámbito de la dependencia laboral que, como decimos, suponen claramente la ejecución de actos profesionales que afecta a derechos sensibles de los ciudadanos que son dignos de protección.
El concepto unitario de profesión refiere al conjunto de actividades interrelacionadas que integran los conocimientos necesarios para el desempeño de una prestación de servicio profesional. Hemos defendido de dudosa constitucionalidad este empeño de separar o dividir una profesión por actividades o por su distinto ejercicio, por cuenta propia o en régimen de dependencia laboral para entidades privadas o empresas, sino que de facto supone un auténtico torpedo a la línea de flotación de los colegios profesionales a la vista de las obligaciones que se imponen a los de adscripción obligatoria.
 
3º.-Restringir en todo lo posible el exceso de intervencionismo de la Administración en las facultades de autorregulación de los Colegios Profesionales. Nos hemos venido encontrando ante diversos Anteproyectos de Ley regresivos frente a la de 1974 y excesivamente intervencionista, donde la balanza parece inclinarse a favor de más Estado en perjuicio de la libertad. Los Colegios Profesionales, siguen siendo corporaciones de derecho público pero que se financian exclusivamente de sus colegiados mediante sus cuotas o servicios prestados a los mismos, pero no de subvenciones procedentes de las diversas Administraciones Públicas o del sector público, en general. En su consecuencia no se justifica el desproporcionado intervencionismo, no solo en materia económica o contable sino del seno del mismo funcionamiento y organización de los Colegios, desnaturalizándose la garantía institucional proclamada en el art. 36 de la Constitución. Los Anteproyectos presentados abren camino a restricciones actualmente inexistentes y no previstas en la Directiva Comunitaria de Servicios, introduciendo importantes limitaciones a la potestad de autorregulación inherente a la naturaleza de los colegios profesionales. El control e intervención excesivas por parte de las Administraciones públicas afecta a la autonomía de estas instituciones que, en términos de regulación equilibrada, favorecen la economía con la aportación de seguridad jurídica y eliminan costes y burocracia mediante un papel social de equilibrio institucional.
 
4º.- En cuanto a las cuotas colegiales, hemos venido sosteniendo que la fijación de las mismas forma parte consustancial de la autonomía colegial, debiendo traer aquí a colación lo manifestado en un voto particular al dictamen emitido por el Consejo de Estado:"...... la regulación en detalle de las cuotas colegiales «no atiende a las particularidades de los colegios, de los servicios que prestan, ni de los colegiados adscritos». Se da, en este sentido, y como se pone de manifiesto en dicho informe, «una cierta contradicción interna del Anteproyecto consistente en exigir, por un lado, un importante catálogo de prestaciones obligatorias que los colegios han de facilitar a sus colegiados y, por otro, imponer una drástica reducción de una fuente fundamental de sus ingresos como son las cuotas de inscripción y colegiación».
 
En fin, parece que el intenso y coordinado trabajo realizado por este Colegio profesional dentro de las entidades mas representativas de los mismas, va a tener un resultado parcialmente positivo, pues en el último Anteproyecto de Ley, que próximamente va aprobar el Consejo de Ministros mejora sustancialmente los anteriores, fundamentalmente el primero, pues viene a recoger, aunque no en la extensión que realmente nos gustaría, muchas de las pretensiones que hemos venido defendiendo, al considerar regulada nuestra profesión y de colegiación obligatoria, con algunas excepciones.
 
Para todos los interesados os adjuntamos acceso al último texto del mentado Anteproyecto.
Que no os quede duda alguna que esta Junta de Gobierno seguirá trabajando en la defensa de la profesión y de los intereses de todos vosotros, abriéndose unos nuevos tiempos y retos a los que sin duda alguna debemos adecuarnos pero también aprovechar.

La Junta de Gobierno (comunicado aprobado en su reunión de 25-jul-2014)
 
 
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